La inestimable contribución de las mujeres rurales al desarrollo

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y ayudan a preparar a esas comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres.

Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

La situación descrita está empeorando, además, los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales y productivos agravan las desigualdades de género existentes en las zonas rurales.

Infraestructura, servicios y protección social sostenibles

Pese a los avances registrados en algunos frentes, continúan existiendo desigualdades de género en todas las dimensiones del desarrollo sostenible; en muchas áreas, el progreso está siendo demasiado lento como para que se logren los objetivos propuestos de la ODS de aquí a 2030.

No obstante, el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 en materia de igualdad de género depende de la asignación de un volumen suficiente de recursos y de una acción concertada de los gobiernos y todas las partes interesadas. Los servicios esenciales de los que dependen millones de mujeres y niñas rurales —sanidad, educación, cuidado infantil, alojamiento— adolecen de una infra-financiación crónica o simplemente no están disponibles. Allí donde existen, suelen ser las primeras afectadas por las medidas de austeridad, que están volviendo a intensificarse. Se prevé que 124 países apliquen recortes presupuestarios tan sólo en 2018, lo que erosionará las medidas de protección social y los servicios sociales de los que dependen tantas mujeres y niñas rurales. Pero esto es algo que se puede evitar. En prácticamente todos los países existe margen para incrementar o reasignar recursos con el fin de fortalecer los servicios públicos esenciales para las mujeres y las niñas. Es cuestión de voluntad política y de utilizar todas las herramientas normativas disponibles. El coste de la inacción es, sencillamente, demasiado elevado.